La verdadera motivación de la modificación a la Ley de Abastecimiento

Por Luis D. Barry

“Desde el año 1991 la Ley de Abastecimiento se encuentra suspendida - salvo en lo dispuesto en el artículo 2 inciso c) -. Cuestión que, más allá de la existencia de curiosos dictámenes contradictorios de la Procuración del Tesoro, se encuentra aceptada por la doctrina mayoritaria. En tal sentido, en la actualidad para dejar sin efecto esa suspensión se requiere que el Congreso de la Nación dicte una declaración de emergencia de abastecimiento. (…) Entonces el principal objetivo de la modificación a la Ley de Abastecimiento es volver a la vida esa controvertida norma, sin que se declare la citada emergencia. Esto es, mediante la inclusión en la parte final del Proyecto de una derogación general de toda otra norma que se oponga o condicione el ejercicio de las facultades establecidas en la ley, se pretende dejar sin efecto esa suspensión (artículo 19). En esencia, lo que realmente persigue el proyecto presentado por el Gobierno mediante la modificación de la Ley de Abastecimiento es dejar sin efecto la suspensión existente desde el año 1991. Por consiguiente, una vez aprobada la nueva ley, el Gobierno se considerará facultado para fijar precios, imponer cuotas de producción y venta, fijar márgenes de ganancias, e intervenir en todo el régimen productivo del país, cualquiera que fuere el área. Esta vez el control no será de hecho, sino sustentado en una ley. Así podrá imponer sanciones, revocar concesiones o licencias, y contar con un fuero judicial para que revise sus decisiones que en muchos casos (no todos) ha sido fuertemente cuestionado. Iguales facultades le cabrán a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.”

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